Caso Emanuel Garay: La raíz de la violencia institucional

¿De qué hablamos cuando decimos violencia institucional/Policial? ¿Cómo se relacionan lxs miles de pibxs muertos por gatillo fácil, los detenciones arbitrarias, las torturas en comisarías y cárceles, las cientos de mujeres asesinadas con un arma reglamentaria y la represión en manifestaciones, entre otras situaciones, con la muerte de un joven cadete aspirante a Policía de la Provincia de La Rioja? ¿Puede la promesa de un gobierno cambiar una institución con años eternos de impunidad y violencia naturalizada? Estas son algunas preguntas que surgen luego del asesinato de Emanuel Garay, un joven cadete de 18 años que murió a causa de las terribles torturas que sufrió, junto a sus compañerxs, en un extremo entrenamiento de la Escuela de Cadetes. Este miércoles, a las 18:00 en Plaza 25 de Mayo se realizará una marcha para exigir justicia por su caso.

El caso de Emanuel y los cadetes torturados tuvo una repercusión política y social inimaginable para estas alturas del año. El febrero festivo y chayero que se espera todos los años en la provincia de La Rioja, fue interrumpido por la terrible (pero no sorpresiva) noticia de que varios ingresantes de la Escuela de Cadetes de la Policía habían sido internados con graves estados de deshidratación luego del primer día de entrenamiento.

Lo que parecía otra situación cotidiana, común en las fuerzas de seguridad riojanas y nacionales, terminó bajando la cúpula de toda el área de seguridad de la provincia; como así también, abriendo interrogantes, cuestionamientos en toda la sociedad riojana sobre lo que significa hoy ser policía, por qué tantos jóvenes lo eligen y lo que eso implica. Y, ¿Cómo esto se relaciona con los cientos de delitos contra los derechos humanos cometidos por las mismas fuerzas? Hablamos de una violencia institucionalizada, estructurada desde las altas esferas del Estado, naturalizada por la sociedad, justificada bajo las promesas de más orden y seguridad. La misma que termina en el abuso de poder, en la muerte de pibxs de barrios pobres y comienza con un entrenamiento tortuoso en jóvenes que eligen sobrevivir siendo policías.

Los hechos  

Febrero en la ciudad de La Rioja – precisamente el lunes 5 – empezó con la noticia de que, al menos, siete aspirantes a Policía habían ingresado al Hospital Vera Barros con un grave estado de deshidratación. Solo un poco después y gracias a los testimonios de los mismos jóvenes, se supo que estos cadetes en su primer día, habían sido sometidos a un extremo entrenamiento bajo el sol, con casi 40 grados y sin poder tomar agua.

En un principio se decía que eran siete, luego el número se fue incrementando hasta llegar a doce, aunque recientemente los mismos médicos del hospital aseguraron que llegaron a ser diecisiete las personas internadas por las lesiones producidas durante el entrenamiento.

Emanuel Garay

Entre todos ellxs, Emanuel Garay de 18 años, era el que peor estado de salud tenía: ingresó con un extremo estado de deshidratación, luego de desvanecerse y quedar sobre el asfalto durante varios minutos sin recibir ninguna ayuda, lo que derivó en la falla irreversible de sus riñones. El mismo permaneció en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Vera Barros durante una semana, hasta la madrugada de este sábado, cuando se confirmó su muerte.

Según la autopsia realizada, las causales de muerte fue una deshidratación aguda grave que derivo en la insuficiencia renal y finalmente, en una falla multi orgánica.

En cuanto al resto de los cadetes internados, algunos fueron dados de alta, otros permanecen en sala común y observación, mientras que Luis Oropel, quien también tenía una grave falla en sus riñones, fue trasladado a Córdoba para un mejor tratamiento.

La causa judicial y la respuesta de las autoridades

A raíz de este terrible hecho se abrió una causa penal contra los responsables de la Escuela de Cadetes y del entrenamiento realizado. En principio la caratula era “por lesiones graves”, pero fue ampliada a “delito de lesiones graves, seguidas de muerte, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”.

Poco después de que los cadetes ingresaran al hospital, el gobierno provincial, de la mano del gobernador Sergio Casas, repudió las prácticas y dispuso la inmediata remoción de la cúpula de la escuela de Oficiales de la Policía de la provincia.

Luego de la muerte de Garay, el juez imputó  y emitió una orden de detención contra ocho personas, cuatro comisarios y cuatro oficiales. Por su parte, el Gobernador Casas anunció la remoción del Secretario de Seguridad, Luis Angulo y del Jefe de la Policía, Luis Páez. En su lugar ingresaron José de la Fuente y el comisario Marcelino Elizondo. También se designó como nuevo Ministro de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos, cargo que permanecía vacante, a Alejandro Moriconi.

Otras medidas tomadas por la Provincia fueron la declaración suspensión de actividades oficiales y duelo durante tres días; como así también, la suspensión de las clases en la Escuela de Cadetes, “hasta presentar una nueva forma de instruir a quienes serán futuros oficiales, lejos de la violencia y el maltrato”.

En este sentido, Casas afirmó: “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque esta actitud se cobró una vida. Vamos a determinar por parte de la Justicia a los verdaderos responsables, para que paguen por lo que han hecho”. Aunque previamente, en declaraciones a medios nacionales, reconoció que la tortura durante el entrenamiento es una práctica común en las fuerzas de seguridad.  “Esto no es de ahora, esto saltó ahora y seguramente pasa en distintas escuela de policía del país”, dijo.

Recientemente Nicolás Azcurra el abogado representante de la familia amplió la denuncia ante la Justicia e involucró a seis cadetes de segundo año quienes habrían “tenido activa participación” del entrenamiento.

Repercusión nacional y respuesta social

La muerte de Emanuel y las horribles torturas que sufrieron los jóvenes cadetes no quedaron en silencio como hubieran querido las autoridades. Desde el primer día estos hechos abrieron debates y cuestionamientos en la sociedad riojana, acostumbrada a aguantar abusos de poder por parte de la Policía, pero a la vez, conocida por ser una provincia ampliamente pobre donde prevalece la cultura que guía a los jóvenes a creer que ser Policía es la única fuente segura de trabajo.

El mismo sábado en el que se supo de la muerte de Emanuel, el joven de Portezuelo a quienes sus familiares describen como un joven lleno de vida y sueños, un gran grupo autoconvocado de gente se manifestó frente a la Escuela de Cadetes quemando gomas, con carteles y cantos. Allí encabezaban sus hermanos, quienes no tuvieron pelos en la lengua para criticar toda la institución policial, exigir justicia y señalar la responsabilidad del Estado Provincial. La increíble multitud terminó manifestándose frente a la Residencia del Gobernador.

“A Emanuel lo mató la policía y el estado lo avaló, lo que le hicieron a mi hermano fue bestial e inhumano”, afirmó Adrián Garay, uno de los hermanos, en declaraciones a medios locales. También dijo: “Hay que investigar, hay muchas cosas en el medio, la familia tiene miedo porque no es un caso sencillo,la policía es una institución que se caracteriza por ensuciar, destruir pruebas, todo eso lo sabemos. Tengo miedo de lo que pase, que la muerte de mi hermano quede impune”.

Por otro lado, este mismo martes el padre de Emanuel, Roque Garay, realizó una grave denuncia que afirma haber recibido “aprietes de un fiscal” para que en el certificado de defunción, se declarara “muerte dudosa”. En la misma entrevista realizada en medios nacionales, Roque, Policía retirado, manifestó: “Nunca pensé que lo iban a matar compañeros míos”.

A partir de aquí, la noticia viajó por todos los medios nacionales e internacionales. Incluso se lo compara con el caso del soldado Omar Carrasco, quien también con 19 años, fue asesinado a golpes por integrantes del Ejército en el cuartel de Zapala, provincia de Neuquén, en 1994. Esta historia es conocida por generar la crisis que causó el derrumbe del Servicio Militar Obligatorio.

Y aunque la respuesta del Gobernador y las autoridades provinciales fue de repudio a estas prácticas, muy bien conocidas, es clara la responsabilidad que cae sobre los mismos. Lo afirman familiares de Emanuel, las organizaciones sociales y políticas que acompañan el reclamo, que siempre denuncian delitos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad.

Tras pasar por tres años de un entrenamiento repleto de torturas, violencia y abusos de poder hay un solo paso para  al salir a la calle con el uniforme  realizar las mismas prácticas con ciudadanxs vulnerables, sometidos a la ilusión de la autoridad legitimada. Hay un solo paso de la tortura que sufrió Emanuel y le provocó la muerte a la tortura que viven cientos de pibxs en comisarías, cárceles, barrios pobres, perversamente, en manos de pibxs iguales a Emanuel.

A solo tres días de su muerte, familiares y amigxs convocan a una marcha para reclamar justicia, el esclarecimiento de los hechos y la justa condena de los responsables, materiales y políticos. La misma se realizará este miércoles, a las 18:00, en la Plaza 25 de Mayo.

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