Caso Gisela Brizuela: La Rioja realizó la primera intervención bajo la normativa de Aborto No Punible

Gisela es una joven riojana que fue protagonista de un embarazo no viable que llegó a los 5 meses,  tuvo que salir a pedir públicamente que el Hospital local le realice un aborto. Junto a abogadas y organizaciones se presentaron una serie de medidas legales/administrativas exigiendo que se realice la práctica de interrupción voluntaria del embarazo, teniendo en cuenta el riesgo de vida y bajo la normativa de la Ley de Aborto No Punible. Este jueves se efectivizó la práctica en el Hospital de la Madre y el Niño.

Gisela Brizuela había difundido su caso en los medios locales luego de que el hospital le pidiera orden judicial para realizar el aborto de un feto que no nacería con vida y pondría en riesgo la propia, incumpliendo lo contemplado en la Ley de Aborto No Punible a la que nuestra provincia está adherida. En este marco, después de presiones sociales y de algunas medidas de acompañamiento tomadas por organizaciones, el martes, la jueza Petrillo de la Cámara Primera, dictó una resolución ordenando al Hospital de la Madre y el Niño a realizar la práctica de manera urgente, ya que Gisela se encontraba con 27 semanas de gestación.

En este caso, a pesar de que su abogada pidió un “aborto inducido”, los médicos realizaron una cesárea por el riesgo que corre al tener 27 semanas. De todas formas se contempla el caso bajo la causal de aborto no punible.

Esta situación pone de manifiesto la falta de información que hay en La Rioja con respecto las normativas sobre Aborto No Punible (contemplados en el artículo 86 del Código Penal) y el desprotegimiento de las instituciones médicas, comenzando por el Ministerio de Salud de la Provincia, hacia las mujeres que solicitan la interrupción voluntaria del embarazo.

Al respecto, la organización feminista Frente Riojano Antipatriarcal, emitió un comunicado explicando que “el caso de Gisela está contemplado dentro de la ley del Aborto No Punible porque pone en riesgo su salud integral” y teniendo en cuenta que “el concepto de salud integral contempla no sólo aspectos fisiológicos, sino también, su salud psicológica”. Además, denuncian que “los organismos de salud pusieron una barrera inconstitucional al acceso a la práctica legal y a los derechos humanos de Gisela, donde no solo se dilató el proceso, sino que se violó el acceso a la información sobre la situación del embarazo, cuando a partir de las 12 semanas ya se debía informar las características del feto, información otorgada recién a la semana 20 de embarazo, con un claro objetivo de anular su posible decisión.”

Por último, el FRA asegura que “Gisela ha sufrido violencia institucional por parte del Estado” y señaló  a las principales instituciones responsables de las políticas públicas para garantizar el derecho a la salud sexual integral y reproductiva de las mujeres: el Ministerio de Salud, encabezado por la ministra Judith Díaz Bazán, la Secretaría de la Mujer, que es el principal organismo responsable de la aplicación de la ley 26.485, contra todo tipo de violencia hacia la mujer y el Hospital provincial regional de la Madre y el Niño, bajo la dirección del doctor Francisco Sosa, ya que es responsable de no garantizar la práctica y de haber solicitado intervención judicial cuando no es necesaria.

“Este conjunto de instituciones y personas responsables garantizaron que el caso se dilate conociendo, el cuerpo médico, que el embarazo era no viable desde las 12 semanas, dejando así desamparada a Gisela con sus derechos totalmente vulnerados: derecho a la información, derecho al acceso a la salud integral, derecho a decidir sobre su propio cuerpo (ley 26.529, derechos del paciente). Por esto exigimos:

¡QUE SE APLIQUE EL ABORTO NO PUNIBLE EN EL HOSPITAL!

¡QUE SE GARANTICE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOBRE LA SALUD DE LA MUJER GARANTIZANDO SUS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS!

¡NO MAS VIOLENCIA INSTITUCIONAL NI OBSTÉTRICA!

¡EDUCACIÓN SEXUAL PARA DECIDIR, ANTICONCEPTIVOS PAR NO ABORTAR, ABORTO LEGAL PARA NO MORIR!”

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