La Ley de los movimientos sociales contra hambre

                             Bernardino Avila para Pagina/12

De aprobarse el proyecto de Emergencia Alimentaria, implicaría un incremento del 50% de los fondos destinados a comedores y merenderos hasta fin de año; la creación el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario, lo que permitiría a las organizaciones involucrarse directamente en la definición de los parámetros para la reglamentación de la ley. Los movimientos sociales cuentan con el apoyo de las centrales obreras e Iglesia. Hoy, mientras se esperan los datos de la inflación de Agosto,  la Ley se trata en Congreso y llega con dictamen favorable de las comisiones. 
«Diputados se encamina hoy a darle media sanción a la ley de Emergencia Alimentaria. Luego de una serie de reuniones internas y entre oficialismo y oposición, Cambiemos aceptó no bloquear el proyecto consensuado por el grueso del arco opositor: dará quórum y votará a favor de la iniciativa. La propuesta es que se apruebe la ley y que el recinto no se transforme en una tribuna de la campaña electoral. El oficialismo comprobó que no se trata de un gasto adicional, sino de una reasignación de partidas», señala en su edición de hoy el diario Pagina/12.

«Si pasan hambre, tienen los comedores«, sentenció ayer la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, durante una entrevista por Radio La Red, y tras la represión desplegada ayer contra diversas organizaciones sociales, gremiales y políticas que iniciaron un acampe en las puertas del Ministerios de Desarrollo Social, a la espera del tratamiento del proyecto de Emergencia Alimentaria. La funcionaria planteó que «no llegaría a decir que hay gente que hoy está en una situación de no comer (…) si pasa hambre tienen una cantidad de lugares adonde ir”. Sin embargo, y pese a los esfuerzos de la Ministra por disimular la situación de pobreza en Argentina, que según datos del INDEC alcanza a un 35 % de la población.

Frente la hambre y la organización, represión

                      Leandro Teysseire para Pagina/12

En la mañana de ayer, manifestantes de diferentes agrupaciones sociales acamparan frente al Ministerio de Desarrollo Social, en Avenida 9 de Julio y Moreno, ciudad de Buenos Aires, a la espera del tratamiento de la Ley de Emergencia Alimentaria. Un enorme operativo llevado a cabo por las fuerzas de seguridad y policías de civil reprimió e intentó impedir que se asienten. «Pese a los golpes y los gases lacrimógenos, la infantería de la Policía de la Ciudad no logró impedir el paso de los diferentes gremios y organizaciones. Los manifestantes se instalaron frente al edificio y anunciaron que se quedarán durante 48 horas o hasta obtener una respuesta por parte de la ministra Carolina Stanley a su reclamo de la emergencia alimentaria», detala hoy Pagina/12.

Como resultado de la represión, una persona fue detenida -Gabriel Contreras- y varias sufrieron heridas.
El Polo Obrero, Barrios de Pie, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), entre otros movimientos, marcharon hacia el Ministerio de Desarrollo. En su crónica de la represión, Pagina/12 señaa que: «La represión de la Infantería porteña se desató cuando un grupo intentó cruzar la 9 de Julio por Moreno, en dirección a Bernardo de Irigoyen». “Después de la reunión que tuvimos el martes con la ministra no hubo respuestas favorables, entonces decidimos acampar 48 horas para ver si de ese modo nos dan alguna respuesta. Lo que pedimos simplemente son alimentos porque tenemos un montón de pibes que no están tomando la leche”, dijo María Nichea, coordinadora de Barrios de Pie/Moreno, en diálogo con Página/12.

El martes le habían pedido a la ministra aumentos en las asignaciones; incremento de los alimentos para los comedores y aperturas en los planes sociales. Al no obtener respuesta, decidieron anunciar la medida de protesta a la que Stanley calificó de “extorsión”.

El debate en Diputados. Lo que dice la norma

Según lo detallado por Pagina/12, en Diputados, la mayoría de los bloques opositores consensuaron una propuesta para dictar la emergencia hasta fines de 2022. Los diputados del grueso de los bloques opositores terminaron de pulir y unificar el proyecto de ley que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria decretada por el Poder Ejecutivo en 2002 y que llevarán al recinto de la Cámara hoy jueves al mediodía,  El texto del proyecto propone “un incremento de emergencia como mínimo del 50 por ciento de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición” y autoriza al Gobierno la reasignación de partidas presupuestarias para cumplir con la ley.
Según lo establece la Ley 25.724, que crea el Programa de Alimentación y Nutrición Nacional,“concierne al Estado Nacional garantizar en forma permanente y de manera prioritaria al derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional de la población de la República Argentina. La ley citada está destinada “a cubrir los requisitos nutricionales de niños hasta los 14 años, embarazadas, discapacitados y ancianos desde los 70 años, en situación de pobreza”, con orientación a grupos con protección especial: “mujeres, personas en situación de pobreza y con capacidades diferentes”.

Sobre esta base el proyecto de Emergencia Alimentaria establece: “Dispóngase un incremento de emergencia como mínimo del 50 por ciento de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición”, al tiempo que “da facultades delegativas al jefe de Gabinete para que pueda llevar acabo lo que indica la ley”, con la reasignación de partidas presupuestarias. También indica a partir del 1 de enero de 2020 la actualización de dicho rubro cada 3 meses con un mecanismo que tenga en cuenta el Indice de Precios al Consumidor y la variación de la canasta básica de alimentos.

Reasignación de partidas, la clave de la Ley de Emergencia Alimentaria

“De acuerdo con datos de la ONU, ya a fines de 2018 había 14 millones de argentinos que no podían asegurar su alimentación. Después de la última devaluación.

Desde finales de 2016 el Gobierno Nacional tiene como herramienta para acceder a mayor presupuesto, para reforzar los comedores escolares y populares, la Ley de Emergencia Social, Nº 27345, DE 2016. Esta norma habilitó al Poder Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias por 30 mil millones de pesos desde diciembre de 2016 hasta diciembre de este año. Sin embargo, según lo que señala un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Gobierno Nacional subutilizó la ley. En el primer año luego de declarada usó sólo el 75% de los fondos destinados originalmente a Políticas Alimentarias.

Esta situación no fue modificada, a esta altura del año, el Gobierno debería haber gastado el 70% del presupuesto destinado a Políticas Alimentarias, pero sólo empleó el 58%. En resumen: aunque tiene los fondos ya aprobados, e incluso puede ampliarlos, está comprando y enviando a los comedores y merenderos menos alimentos de los que puede. En lo alimentario, sólo en el año 2018 se hizo un mejor uso del presupuesto, ya que se utilizó en un 90%. Pero tampoco entonces utilizó la ampliación de fondos disponible.

Este jueves, en el marco de un importante clima social de tensiones y expectativas para la aprobación de la Ley, se esperan los datos de agosto del INDEC respecto de la inflación. Privados ya hablan de un 4% a un 5% de aumento.

 

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