La vuelta del manicomio

De la mano de las varias reformas que estuvo anunciando el Gobierno Nacional, fuertemente repudiadas por un amplio sector de la sociedad por significar graves retrocesos en derechos humanos, el viernes pasado se dio a conocer otro proyecto de reforma, en este caso, del decreto que reglamenta la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657. A partir de esto, varias organizaciones denunciaron el rotundo giro que se pretende dar en materia de políticas de salud mental, volviendo a la visión biologicista que prioriza el encierro en instituciones psiquiátricas (medicación y aislamiento), dejando de lado tratamientos alternativos y la voz (decisión) de lxs usuarios. Al respecto, Macarena Sabin Paz, Directora del Equipo de Salud Mental del CELS, señaló que el decreto está esquivando el ámbito donde debieran realizarse este tipo de modificaciones, es decir, el Congreso Nacional y a su vez, que se enmarca en “una avanzada en la restricción de derechos”.

*Foto portada: Marcha por el Derecho a la Salud Mental 

Un día después de conocido el proyecto de reforma, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) público un comunicado denunciando el giro rotundo que significaría en las políticas de salud mental que propicia Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657. “Esta nueva reglamentación resulta una clara contradicción con los principios de esa ley y con los derechos y las directrices emanadas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas”, afirmaron.

Sobre esto, en el programa Noticias con Mate, entrevistamos a Macarena Sabin Paz, directora del Equipo de Salud Mental del CELS, quien destacó la importancia de recordar cuál fue el paradigma que incorporó la ley sancionada en 2010, para poder luego entender los retrocesos que plantea el proyecto de reforma.

“Hasta el 2010 Argentina no tenía una ley de salud mental y la única política que había era la del encierro pleno en las instituciones psiquiátricas. La ley denuncia que estas instituciones son obsoletas y no contribuyen en nada en la recuperación de los padecimientos mentales. Ya no funcionan en ningún país del mundo y además, por ser instituciones de pleno encierro, propenden, facilitan violaciones graves a los derechos humanos, como son los abusos físicos, sexuales, la sobre medicación utilizada como castigo, el aislamiento y una serie de conductas que tienen que ver con el comportamiento institucional en el manicomio”, precisó Macarena y continuó: “Fue un cambio de paradigma muy rotundo. La sanción de la ley tuvo que ver con una organización colectiva muy grande en todo el país que reunió organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, asambleas de usuarios, familiares y profesionales. Tuvo que ver con un impulso de un gran sector muy plural de la salud mental que se reunió para decir que hay otra salud mental posible”. También se incorporaron la figura del “abogado defensor” y de un órgano de control nacional sobre las instituciones.

Asimismo, la directora explicó: “se propone cambiar por decreto cuestiones que son de la naturaleza de la ley. Un decreto reglamentario simplemente debiera allanar aspectos administrativos para una mejor implementación de la ley pero no se puede meter, en ningún caso, con cuestiones sustantivas del texto, el lugar para eso es el congreso. De esta manera  se está esquivando dar el debate y tampoco se abrió a la participación de los sectores, los usuarios, familiares y organismos que venimos trabajando hace años con esto”.

Respecto a los ejes que buscan modificarse, en principio Macarena destacó un cambio rotundo del concepto de salud mental, ya no pensado como un proceso multideterminado por factores sociales, culturales, políticas, etc., sino dentro de la visión biologicista centrada en las neurociencias y desconociendo otras disciplinas que no tienen una mirada médica, como la musicoterapia, la psicología y los acompañamientos terapéuticos.

Por otro lado, se “desnaturaliza la figura de la defensa técnica”, según explicó la integrante del CELS, la ley había incorporado a los abogados defensores para que se respeten las decisiones de las personas que están internadas involuntariamente. “El decreto dice que los abogados deben ponderar la voz y opinión de los equipos tratantes y que no pueden inmiscuirse en los tratamientos. Ósea que la voz del usuario queda otra vez desdibujada y desoída. Se vuelve a la figura de la incapacidad aunque el nuevo código civil diga que todas las personas son capaces y que en ningún caso se puede sustituir la voluntad de una persona por el hecho de tener un padecimiento mental”, señaló.

Otro punto fundamental del proyecto de reforma son las modificaciones sobre el órgano de revisión que monitorea los lugares de encierro, la legalidad de las internaciones y principalmente, vela por el cumplimiento de la ley de Salud Mental. Al respecto Macarena dijo: “El decreto establece una figura de una presidencia en el ámbito del Ministerio de Salud, por lo tanto, sería un órgano de control que tiene la finalidad de controlarse a sí mismo mientras que se desdibuja la función de la autonomía”.

Finalmente, la encargada del Equipo de Salud Mental del CELS aseguró que esta reforma viene en línea con la restricción de derechos. “Las personas con cualquier necesidad de salud tienen derecho a recibir el nivel más alto de asistencia posible, por eso, sin duda los recortes o las modificaciones vienen a restringir derechos, disciplinas para que atiendan las diferentes problemáticas y garantías. Sin duda es una avanzada en la restricción de derechos”, afirmó Macarena.
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