Presentarán recurso de amparo para evitar el desalojo de la Cooperativa “El Fuerte”

A 30 años de vivir y trabajar las tierras de la finca “El Fuerte” ubicada en la localidad de La Maravilla, cercana a Villa Unión, la familia Sosa corre el riesgo de perder su fuente de sustento y el fruto de años de trabajo reflejados en una cooperativa de agricultura familiar, por una orden de desalojo emitida por la justicia la semana pasada. El trasfondo de esa orden, que involucra a jueces, abogados y bancos, omitió completamente a la familia y le negó algún tipo de negociación sobre sus tierras, uno de los tantos ninguneos a lxs Sosa “solo por ser pobres, trabajadorxs y campesinxs”. Desde FERCOA se presentará un recurso de amparo para frenar el desalojo y pedirán a la cámara de diputados que se sancione una ley de expropiación. La Historia

La historia de la familia Sosa, residente del departamento Felipe Varela, pone de manifiesto nuevamente aquel lema que afirma “la tierra es para quien la trabaja”. En 1964 Adolfo y Cándida Sosa fueron contratados por un tal Sr. Robledo para ser encargados de la finca  El Fuerte, ubicada en la localidad de La Maravilla, cercana a Villa Unión. En el periodo entre 1982 y 1990,  Robledo dejo de pagarles el salario y no volvió a aparecer más por la finca, dejándola, implícitamente, completamente a cargo de sus caseros.

En este marco crecieron lxs hijxs y nietxs de Adolfo y Cándida, quienes aprendieron también la labor de una finca con 14 hectáreas: poda, atada, labranza, riego, cosecha y comercialización. Luego de varios años, en 2012, la familia logro obtener del INAES la matrícula para constituirse en la Cooperativa de Trabajo El Fuerte Ltda. Con la ayuda de la Secretaria de Agricultura Familiar, también forman parte del Registro Nacional de Organizaciones de la Agricultura Familiar (RENOAF) y del Registro Nacional de Agricultores Familiares. Por otro lado son socios del Foro Nacional de la Agricultura Familiar y de FERCOA, Federación Riojana de Cooperativas y Autogestionadas, hoy miembro de la CTEP (Central de Trabajadores de la Economía Popular).

“Hoy tenemos la finca con 8 hectáreas sembradas de alfalfa y verdeos, con la posibilidad de sembrar 4 has más para la temporada que viene y con un plan de retención de vientres que está haciendo agrandar la majada de ovejas. Tenemos reuniones semanales de planificación junto con asesores técnicos. Esta es nuestra fuente de trabajo y hemos aprendido a cuidarla y mantenerla como nos han enseñado nuestros padres”, cuentan lxs hijxs Sosa.

La operación

El trasfondo de esta historia comienza en 1996 cuando el propietario Eduardo Robledo sacó un crédito en Banco Nación poniendo este terreno como garantía. El año siguiente el mismo falleció por lo que el banco inicio el juicio por la hipoteca. La familia Sosa se enteró de esto recién en el año 2008, cuando se les notificó de la sentencia del remate y aunque intento en reiteradas ocasiones negociar por esa hipoteca, valuada entonces por 450 mil pesos, se les negó la oportunidad.

En 2015, en situaciones poco claras, se le permitió a un sobrino del Sr. Robledo de apellido Aquino comprar la hipoteca del terreno por una cifra irrisoria de 150 mil pesos. En la negociación se involucraron dos abogados relacionados por el mismo estudio jurídico, el Dr. Sotelo y Dr. San Marcos, uno en representación del banco y otro del privado. A partir de aquí se aceleran los tiempos judiciales y comenzaron a pedirle al juez federal Piedrabuena el desalojo

En 2016 el Juzgado Provincial de Chilecito da inicio de las acciones correspondientes a la Usucapión o Prescripción Adquisitiva por parte de la familia Sosa. Se emite notificación a todas las partes involucradas, pero el Oficial de Justicia de la localidad de Villa Unión, dr. Daniel Aldana se niega sistemáticamente durante un año notificar a las partes, demorando la evolución de la causa de usucapión.

Finalmente, este jueves 17 de agosto, la familia Sosa recibió una notificación de desalojo firmada por el Dr. San Marcos y el Dr. Aldana.

Para la familia todos estos contratiempos e irregularidades fueron ninguneos que se dieron solo por el hecho de “ser pobres, trabajadorxs y campesinxs”.

La resistencia

Como la Cooperativa de Trabajo “el Fuerte” forma parte a nivel provincial de la Federación Riojana de Cooperativas Autogestionadas, esta se llamó a estado de alerta y comenzó a buscar las opciones ante este posible desalojo en respaldo de la familia Sosa.

Al respecto, Francisco Ortiz referente de FERCOA informó que, en los próximos días presentarán un recurso de amparo para detener el desalojo y además, pedirán a los diputadxs de la Provincia que traten sobre tabla en la sesión de este jueves, una ley de expropiación de la finca para la Cooperativa. También estuvieron hablando con varios funcionarios del gobierno para buscar apoyo.

“En  una economía como la nuestra, el desarrollo de empleo y generación productiva está vinculado directamente a la tenencia de la tierra. La situación de desempleo masivo del trabajador rural tiene que ver con el negocio de unos pocos, de quienes se aprovechan. En este caso la familia Sosa y nosotros como FERCOA estamos dispuestos  a pelear por las tierras hasta las últimas consecuencias”, aseguró Ortiz.

Además consideró que “hay que desenmascarar” el manejo de los abogados con el Banco Nación en perjuicio de los trabajadores.

En la misma línea, Francisco destacó: “Hay que lograr los acuerdos políticos para que esto se transforme en una discusión estratégica. También tenemos que poner sobre la mesa, cuestiones como la ley de fomento cooperativo y  la plena vigencia de la ley reparación histórica de la agricultura familiar, a la cual la Provincia adhirió y que contempla este tipo de situaciones”.

Finalmente manifestó: “Hacemos un llamado a la justicia que pongan el caso sobre la mesa. El juez no estudió estas cuestiones en profundidad, nunca se permitió que la familia Sosa interviniera en la causa de la hipoteca, muchas situaciones que no fueron abarcadas con la totalidad de la complejidad del caso y como organizaciones populares en la provincia tenemos que empezar a plantearlo”.

“No es que no entendemos o que no sabemos de leyes. Habría que preguntarse cómo llegamos a un posible desalojo y en estas condiciones. Entendemos que existe una serie de circunstancias que buscaron disfrazar el hecho como una transacción comercial fallida entre el Banco Nación, abogados, funcionarios públicos y empresarios; por eso nuestra familia ni la Cooperativa de Trabajo iban a poder ser parte del acuerdo. Pero no vamos a bajar los brazos. Nosotros solo queremos tierra y trabajo. La tierra es de quien la trabaja, así nos enseñaron Adolfo y Candida”, familia Sosa.

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