Salta y San Luis, comenzó el juicio a la justicia de la dictadura

Se encuentran en marcha los juicios a quienes fueron partícipes del accionar de las fuerzas de seguridad con secuestros, detenciones ilegales y asesinatos durante la dictadura. En el caso de San Luis, las sotanas del terrorismo de Estado no estarán en el banquillo de los acusados. El entonces Obispo Juan Laise, se refugió en Roma después de terminado el primer juicio.

“Por fin empezó, desde hace más de dos años que la fiscalía elevó el pedido de juicio oral y público” afirma Lilian Videla, de la APDH de San Luis. Videla, ex presa política, estuvo presentes en la primera audiencia en conjunto con estudiantes secundarios y universitarios, organismos de Derechos Humanos y ex detenidos políticos, como lo anticipó con exclusividad ANRed.

El juicio es contra el ex juez Federal, Eduardo Allende (78), el ex fiscal Federal Hipólito Saá (80), el ex médico de la Policía de San Luis, Jorge Omar Caram (78) y el ex teniente de la Artillería Nº 141, Alberto Eduardo Camps (70), todos acusados de integrar una “asociación ilícita, privación abusiva de la libertad agravada y tormentos”. Como se informó en la lectura de la requisitoria donde se señaló a cada una de las 24 víctimas de esta causa, esta asociación ilícita “comprueba de manera clara” el rol de cada uno de los imputados en las torturas y secuestros. “Existía una comunicación interna entre las fuerzas de seguridad y la Justicia. Los hechos que se remarcan demuestran una impunidad absoluta”, se indicó en la lectura del documento.

En la primera audiencia los jueces federales, María Paula Marisi y Alberto Daniel Carelli de Mendoza y Julián Falcucci de Córdoba, pospusieron el juzgamiento de Hipólito Saa. Su defensa, representada por Juan Rodríguez Estévez y Mercedes Saá, planteó su apartamiento del debate, por el informe final realizado por el cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que consideró que presenta una “discapacidad cognitiva” y es “incapaz de comprender su contexto”.

Tanto los fiscales Cristian Rachid y Mónica Spagnuolo, como el representante de la Asociación Permanente de Derechos Humanos (APDH) y querellante, Carlos Pereyra, se opusieron a este pedido y solicitaron una “ampliación de las pericias” porque “fueron insuficientes los argumentos utilizados para comprobar el estado de salud”.

Camps y Allende estuvieron en la sala del TOF de San Luis asistidos por los defensores oficiales Federico Reinaldo Pastor y Claudia Ibáñez, mientras que Caram siguió todo lo que ocurría desde Mendoza a través de una video conferencia junto a su abogado, Santiago Bamolde.

Ninguno de ellos estuvo solo ya que fueron acompañados por su familia. Al lado del ex magistrado estuvo su hijo, el actual fiscal de Estado del Gobierno de San Luis, Eduardo Allende.

Entre los ausentes en el banquillo de los acusados destaca el entonces obispo Juan Rodolfo Laise, denunciado por los presos políticos y familiares por su complicidad. En el primer juicio Jorge Alfredo Salinas, dijo que la noche de navidad de 1977, Laise celebró misa en el penal pero pidió que no se invitara a quienes estaban acusados de subversión, lo que provocó que ningún preso asistiera, por lo que finalmente “nos llevaron a la misa y nos pararon en el altar a todo el penal”.

Laise, como otros conspicuos miembros de las sotanas del terrorismo de Estado, se radicó en Roma, después del primer juicio… donde fue denunciado por los detenidos políticos y tenía que ser citado a indagatoria.

Juicio a Ricardo Lona

La audiencia preliminar por el juicio al ex juez federal Ricardo Lona fue presidido por Gabriela Catalano. La presidente del tribunal comunicó que el juicio se iniciaría en febrero del año que viene, lo que fue cuestionado por los abogados María José Castillo y David Leiva, de la Asociación Memoria, Verdad y Justicia de Oran, y Andrés Duarte por la familia de Ragone.

Los familiares pidieron a los miembros del Tribunal Federal Gabriel Eduardo Casas (Tucumán), Juan Carlos Reinaga (Catamarca), Abelardo Jorge Basbus (Santiago del Estero), y Gabriela Catalano (Salta) que está en ellos “dar una muestra de justicia y que quienes asaltaron el Estado constitucional paguen por sus crímenes”.

No está de más recordar que Ricardo Lona tiene otro juicio en marcha por el fusilamiento de presos políticos. Algunas de sus víctimas fueron Alberto Simón Savransky, Benjamin Ávila, Celia Leonard de Ávila, Rodolfo Pedro Usinger, María Amarú Luque de Usinger, Roberto Luis Oglietti, Pablo Eliseo Outes, José Víctor Povolo, María del Carmen Alonso de Fernández, Evangelina Botta de Linares y Georgina Droz, militantes de la insurgencia armada del PRT y Montoneros en julio de 1976 en Palomitas.

No solamente en San Luis y Salta se juzga la justicia de la dictadura. En Entre Rios, le tocó la hora a los médicos Miguel Torrealday, Jorge Rossi y David Vainstud, titulares del Instituto Privado de Pediatría, en la causa de robos de bebés de los hijos de los militantes Montoneros Raquel Negro y Tulio Valenzuela.

Al finalizar la audiencia de la condena, Sabrina Gullino, nieta recuperada dijo “Estoy muy emocionada. Estamos tranquilos porque cuando se escriba la historia de Entre Ríos vamos a poder decir que los socios civiles de los genocidas fueron juzgados. Que hemos podido desmontar la trama burocrática-médica-empresarial. Que hemos llevado al banquillo de los acusados a la pata civil, encarnada en la jerarquía médica de Paraná”. Y lógicamente espera que con su hermano más temprano que tarde se abracen dado que la búsqueda no cesa.

Por Lucho Soria para Anred.

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